El 2023 y la reforma laboral.
Reporte de Investigación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical / Centro de Apoyo para la Libertad Sindical.
Resumen Ejecutivo
El 2023 fue un año clave en la transición al nuevo modelo laboral, que confirmó algunas de las tendencias negativas que advertimos desde los primeros momentos de la Reforma. Aunque hemos presenciado importantes avances a lo largo de sus cuatro años y medio de existencia, 2023 cierra sin evidencias que indiquen que está generando mejores y más auténticas negociaciones colectivas y, por tanto, no está teniendo los efectos esperados en la mejora del nivel de vida de las y los trabajadores del país.
Durante este año se cerró el periodo de legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT); en los últimos meses del proceso de legitimación, las autoridades laborales dejaron de publicar resultados de las votaciones, lo que impidió valorar los términos y condiciones en que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) daba por válidas las consultas de legitimación.
Al cierre de este periodo, podemos extraer algunas conclusiones:
- En su gran mayoría, los CCT legitimados fueron llevados a cabo como simulaciones, donde la base trabajadora no tenía completa la información de la naturaleza de la votación, las explicaciones por parte de las directivas sindicales fueron imprecisas y los criterios de validación del CFCRL, irregulares.
- Existe la imperiosa necesidad de corregir de manera radical las cifras oficiales de legitimación, ya que se aplicaron criterios distintos para legitimar a los claramente señalados por el Artículo 390 Ter. en lo que se refiere a la mayoría de votos de las y los trabajadores protegidos por el contrato colectivo de trabajo.
- Salvo casos significativos, como General Motors-San Luis Potosí o empresas del ramo electrónico maquilador, no existe claridad de los centros de trabajo en donde desaparecieron CCT, ni siquiera por parte de las propias autoridades. Se han dado situaciones en las que se aprovecha esta circunstancia para tratar de promover modelos antisindicales que restringen la posibilidad de una negociación colectiva. En contraste, se ha detectado un crecimiento exponencial de solicitudes de constancias de representatividad (casi 9 000), en su mayoría por parte del sindicalismo charro y de protección.
Por otro lado, la puesta en marcha del nuevo modelo está dejando ver lagunas en cuanto a la garantía del derecho de huelga y a la titularidad de la contratación colectiva. Dichas lagunas pueden limitar el libre ejercicio de derechos colectivos y contravenir las garantías supuestas para el ejercicio de derechos colectivos. Por ejemplo, se abre la puerta a limitar el ejercicio de la titularidad a los sindicatos democráticos elegidos por los trabajadores, al permitir que los sindicatos patronales perdedores reclamen participación parcial en las negociaciones laborales y contractuales. En cuanto a la huelga, no hay claridad en quién decide su realización, si es toda la base trabajadora o el sindicato que emplaza, echando abajo este recurso de las y los trabajadores.
En cuanto al cumplimiento de las normativas en términos de proporcionalidad de género en las directivas sindicales, a más de cuatro años y medio del inicio de la implementación del nuevo modelo, aún no hay suficientes medios para comprobar su plena puesta en marcha. Desde noviembre de este año, no se han publicado datos agregados que permitan hacer un seguimiento del número de mujeres en puestos de dirección sindical. En todo caso, puede hacerse seguimiento parcial a partir de sindicatos individuales. Tampoco existen medios de comprobación y monitoreo de la realización de acciones afirmativas para la promoción del involucramiento de trabajadoras en la vida y dirección sindical.
En lo que respecta al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, éste se activó en en 12 ocasiones a lo largo de 2023, el número más alto desde que se puso en marcha. En todos los casos se encontraron elementos de sistemáticas violaciones y denegación de derechos. En cuatro años y medio de la puesta en marcha del nuevo modelo, el resultado es ambivalente. Por un lado, los nuevos procedimientos, instituciones y herramientas han permitido que alrededor de 15 000 trabajadoras y trabajadores hayan podido tomar la decisión de sacudirse el yugo de las organizaciones sindicales corruptas y corporativas y optar por una alternativa independiente y democrática. En prácticamente todos estos casos se presentó, al menos, una queja ante el T-MEC. No se han detectado casos exitosos de cambio y derrota de un sindicato de protección sin la acción de los mecanismos del nuevo modelo.
Por lo tanto, contrario a los llamados de las autoridades mexicanas a recurrir al T-MEC como “última instancia”, lo que se está mostrando es que no está resultando posible que las y los trabajadores tengan éxito usando exclusivamente las vías locales. En muchos casos, a partir de la experiencia empírica, es hasta que se asoma la posibilidad de escalar los conflictos a nivel internacional cuando se limitan las acciones de coerción y hostigamiento contra organizadores sindicales por parte de empresas y sindicatos de protección patronal.
Por otro lado, fuera del marco de acción del T-MEC y acciones internacionales, o donde existen campañas activas de difusión y promoción de los derechos sindicales, la opresión y prácticas intimidatorias y de control del sindicalismo de protección continúan a plena luz del día. Más allá de formalidades (simulaciones) en su gran mayoría, las relaciones laborales no han experimentado un cambio sustantivo en casi cinco años.
Entre las expectativas generadas nacional e internacionalmente sobre los impactos del nuevo modelo se encontraban, por un lado, un aumento sustantivo en las remuneraciones contractuales, así como un fortalecimiento de la sindicalización en el país. Sin embargo, más allá del debate sobre los alcances reales de los incrementos en el salario mínimo general, lo cierto es que a nivel contractual los salarios continúan estancados. Y aunque a nivel económico el 2023 marcó una expansión de la actividad industrial en el país, la promesa de limitar el outsourcing para acabar con los abusos y precarización del empleo no se ha consolidado. A reserva de la actualización de los datos a inicios del próximo año, no ha habido un incremento significativo en los niveles de afiliación sindical en el país: ésta tuvo un crecimiento mínimo de apenas el 0.36% entre 2019 (cuando se situaba en el 12.35% de la población ocupada subordinada y remunerada) y el 2023 (12.71%).
Los avances en papel están aún muy lejos de materializarse y consolidarse en la realidad. Cambiaron las reglas del juego sindical y laboral y se declaró que se saldaría una deuda histórica del Estado y patrones para con las personas trabajadoras del país: el acceso a la plena libertad sindical. Pero estas deudas siguen sin saldarse; más bien, los sindicatos patronales y los propios patronos parecen estarse adaptando para persistir en sus prácticas antisindicales aprovechando los vacíos de interpretación en la implementación y de supervisión.
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